martes, 30 de mayo de 2017

EL OCASO DE LA VIEJA IZQUIERDA

          (Artículo de opinión publicado por el Heraldo de Aragón el 26 de mayo de 2.017)

          La victoria de Emmanuel Macron en las presidenciales francesas y la correlativa caída al abismo de la irrelevancia del Partido Socialista Francés, junto al resto de resultados desfavorables que se vienen sucediendo en el continente para las opciones socialdemócratas, ha abierto la incógnita de si el mismo fenómeno pudiera darse en nuestro país en los próximos procesos electorales.
            La cuestión estriba, por tanto, en averiguar si el viejo PSOE está en disposición de seguir ubicado en el espacio ocupado por el centro-izquierda reformista y si, yendo más allá, es capaz de recuperar una posición mayoritaria que le permita ser de nuevo opción y alternativa de gobierno.
            Las últimas elecciones celebradas en España en este periodo han dibujado un escenario donde el voto socialista se ha visto reducido prácticamente a la mitad      , como consecuencia del descrédito y la pérdida de confianza en una organización que no se percibía ya como instrumento útil de transformación y reformas, sino como un coto cerrado de unos dirigentes cuyas opacas y oscuras prácticas no han contribuido a dar solución alguna a las gravísimas carencias de todo tipo en que se han visto sumidas muchas familias en estos años atrás.
            La responsabilidad por tal devenir electoral, aunque poco o más bien nada se diga al respecto, no puede imputarse más que a los órganos encargados de la dirección del propio partido socialista en las dos últimas décadas – y no tanto en los dos últimos años -, pues con sus acciones y omisiones, al margen de seguir anclados en una retórica argumental de una ya muy gastada y poco creíble izquierda, han propiciado la aparición y consolidación de unos competidores que en la actualidad le disputan ese mismo espacio.
            La irrupción de Podemos, con un lenguaje que abandonaba el clásico eje de confrontación izquierda-derecha, utilizado en vano por esa misma cúpula dirigente socialista como un simple medio de legitimación de su cuasi absoluto poder hacia su propia militancia y sus votantes tradicionales, y que ya muy poca gente menor de 45 años estaba dispuesta a comprar, supuso el principio del fin de lo que el PSOE ha representado en España desde la Transición.
            Sin embargo, el golpe de mano interno dado por Pablo Iglesias abre sin duda expectativas ciertas para el resto de competidores a la hora de recuperar ese espacio. En efecto, la deriva del nuevo partido hacia lo que con mucho acierto algunos denominan una Izquierda Unida 2.0 aparentemente modernizada, que aúna los aún más viejos y fracasados clichés antisistema con el uso de las modernas herramientas digitales, supone una apuesta segura por la derrota y el horizonte del 15% de los votos en las próximas contiendas.
            En definitiva, el espacio del centro-izquierda reformista que combina una visión liberal con un fuerte Estado protector - que no sobredimensionado-, y que garantiza la igualdad de oportunidades y la posibilidad de movilidad y ascenso social con criterios meritocráticos y no de cuna o nacimiento, a día de hoy atesora más votantes que opciones políticas dispuestas o capaces de acercarse a ellos. En el caso de Podemos, por voluntad propia; en el caso del PSOE, por incapacidad de sus antiguas estructuras para lograrlo.
            El PSOE, en definitiva, se encuentra ante la encrucijada que ha de determinar su inmediato futuro y, por ende, su suerte como organización política, donde la reciente elección de su nuevo secretario general parece haber definido ya cuál es el camino finalmente elegido. Todo ello, además, bajo presión y con unas circunstancias muy poco tranquilizadoras: ya no se puede permitir fallar, puesto que ya no queda margen alguno para ello, y sin que ni siquiera el acierto en la elección garantice la consecución del objetivo buscado.
            En todo caso, el reciente debate y la confrontación entre los candidatos en el proceso de primarias permite ya concluir que, al menos en el caso de Susana Díaz y sus apoyos aragoneses, algunos de los cuales llevan ya prácticamente treinta años al frente de la organización (Lambán, Pérez Anadón, Miguel Gracia), la intención no era tanto acercarse a los votantes situados en ese espacio reformista, sino esperar a que fueran esos mismo votantes los que volvieran al redil, una vez desencantados de las nuevas opciones surgidas al calor de la recesión, con su enfado ya mitigado por las nuevas oportunidades que trae la recuperación, pero sin voluntad alguna de regeneración de lo que no debe ser más que un instrumento en manos de la gente para conseguir mejorar sus vidas, y no tanto un medio de vida o negocio, directamente, para las cúpulas que lo manejan a la sombra de miradas fiscalizadoras.
          En resumen, mientras algunos creyeron que la inercia del turnismo era eterna, otros han concluido más recientemente que era el momento de subirse de nuevo a los lomos de las “contradicciones internas del capitalismo” y de “la lucha de clases”. Tanto unos como otros pertenecen al ya viejo siglo XX, y allí se han quedado instalados.

            En medio de todo eso se erige el espacio a ocupar por un nuevo PSOE para volver a ser un partido con vocación mayoritaria: reformas que acaben con los privilegios y la injusticia, en todos los órdenes, empezando por el interno, pero sin apartarnos lo más mínimo del fundamento de nuestra convivencia: un ser humano, un voto.

lunes, 24 de octubre de 2016

REFUNDACIÓN

(Artículo publicado el sábado 22 de octubre de 2.016 por el Heraldo de Aragón)
                                                                                                             
            Lo acontecido en el tristemente célebre Comité Federal del PSOE el pasado sábado 1 de octubre abre más de una incógnita respecto del futuro inmediato de la organización, pero tuvo la virtualidad de despejar otras muchas. La principal, la incapacidad del actual PSOE para llevar a cabo su propia y necesaria regeneración interna.
            Lamentablemente, el PSOE ha optado por seguir los pasos de la rama catalana de la organización, que en las tres últimas décadas ha pasado de la centralidad y el suelo electoral del 30%, a la práctica irrelevancia y al techo del 15%, propiciando con su comportamiento la aparición de partidos y competidores nuevos que germinan y crecen a la sombra de sus múltiples y persistentes ineficiencias, a las que ni se ha querido ni se quiere poner remedio, por lo que no parece aventurado afirmar que, sin un sincero y creíble cambio de rumbo - que era urgente hace ya demasiado tiempo -, el resultado acabe siendo similar al experimentado en la comunidad vecina. 
            No parece, en efecto, que poner remedio a esa deriva pueda ser uno de los logros de Susana Díaz, quien exhibe sus avales en forma de firmas o delegados congresuales, los mismos que prestó a Sánchez para que Madina no se hiciera con el cargo, al que entonces le hizo pagar que se atreviera a postularse y competir en las primarias para la elección del Secretario General. Al igual que ahora le ha hecho pagar a aquél que se convirtiera en un obstáculo para sus objetivos personales: hacerse con el control de la organización y, acto seguido, con la Presidencia del Gobierno de España.          
            Porque ella, como otros muchos, prefiere las primarias sin urnas a la incertidumbre del voto libre y secreto de la militancia y de los votantes; la aclamación de los delegados ya “enseñados” al sentir íntimo de los afiliados y simpatizantes; el sello del aparato, en suma, al recuento de papeletas.
            Y al saberse dueña de los avales que permitieron a Sánchez presentarse a la elección interna, y de una gran parte de las papeletas que lo hicieron Secretario General, concluyó que, tras el resultado del 20-D, y tras el que se dio en junio, había llegado ya el momento en que “el Partido” se encomendara a ella como heroína de un PSOE a la deriva, al que ofrecerá el escenario idílico que la organización disfruta en Andalucía. Pero, eso sí, sin elecciones internas ni demás zarandajas que tanto dividen al “Partido” y que tanto se alejan de la cultura tradicional de la organización y que, por último, incluso pueden darle a los afiliados y votantes la oportunidad de equivocarse y votar a otro/a candidato que no sea ella.
            Ahora bien, para llegar a ese punto era imprescindible acabar con Sánchez, lo cual implicaba cercenar de raíz toda posibilidad que terminara por consolidarle en el cargo, cual sería que se hiciera con la Presidencia del Gobierno de España (algo que nunca estuvo a su alcance, salvo contando con los votos de Convergencia, no menos corruptos que los del PP) o, simplemente, lograra mejorar los resultados del partido en unas terceras elecciones, acabando con la amenaza de Podemos en la lucha por la hegemonía de la izquierda y, al mismo tiempo, recuperar la condición de alternativa que espera turno ante el desgaste de un gobierno popular en minoría, escenario éste último perfectamente posible hace tan sólo un mes. 
         La verdad, Sánchez lo tenía muy difícil, pero su respuesta tampoco ha estado a la altura del desafío que el PSOE tiene planteado.
           Más bien, su respuesta ha sido propia de la misma escuela en la que aprendió su contrincante: el regate corto y el tacticismo miope de quienes siguen instalados en el S.XX y en sus lugares comunes ante las circunstancias y retos de un presente muy distinto al hasta ahora conocido.
          Lo que le convenía al PSOE pasaba por negociar con el PP una abstención tras el 20-D a cambio de importantes contrapartidas; mientras que las materias que quedaran fuera de ese acuerdo se convertirían en elementos de oposición a un gobierno extremadamente débil y en minoría. El desenlace serían unas nuevas elecciones en el plazo de uno o dos años, con un PSOE con claras posibilidades de armar, entonces sí, un gobierno alternativo encabezado por el candidato socialista.
            Entre tanto, Sánchez tenía la oportunidad de erigirse en líder de la oposición mientras el gobierno sería presa de un continuo desgaste, lo que le hubiera posibilitado ir ganando legitimidad interna en la organización para acometer la verdadera tarea que el PSOE tiene por delante: su propia regeneración.
            En lugar de eso, le dio la excusa perfecta al eterno aparato del partido y a sus valedores: la convocatoria de unas primarias exprés en apenas dos semanas a las que sólo se presentaría él, con la intención de ganar tiempo hasta las terceras elecciones, donde el resultado podía ser más favorable al PSOE que el obtenido en las dos convocatorias anteriores, al menos, para aumentar la distancia sobre Podemos y así poder presentarse internamente como el líder que acabó con la amenaza del sorpaso, lo que él pensaba que le acabaría consolidando en el cargo.
            El desenlance es conocido. Y tras él, las opciones del partido para escapar de un destino que parece escrito son muy limitadas, en todo caso, ninguna pasa por Susana Díaz, ni por una vuelta a las esencias de lo que fue la organización en el S.XX, sino por una refundación que vuelva a convertir al PSOE en el instrumento mayoritario de cambio y transformación del país.
            El tiempo se agota, y si Podemos no se equivoca y el debate interno se acaba inclinando hacia Íñigo Errejón, el PSOE se convertirá en un partido marginal e irrelevante. Por eso podemos decir que, hoy por hoy, el mejor aliado con el que cuenta el partido para evitar su fatal destino se llama, casualidades de la vida, Pablo Iglesias.
             


martes, 11 de febrero de 2014

PRIMARIAS VIRTUALES EN ARAGÓN

(Artículo publicado en el día de hoy por el Heraldo de Aragón)    


 El PSOE ha decidido celebrar elecciones primarias abiertas a los ciudadanos. Parece obvio que la presión de los votantes y afiliados en favor de una mayor transparencia en el funcionamiento interno de los partidos políticos, fundamentalmente en la izquierda, es la causa principal de esta decisión. La incógnita, en consecuencia, no reside tanto en la causa como en las consecuencias y resultado final del proceso.

En este punto pueden ocurrir dos cosas: que el aparato del partido centre sus esfuerzos en evitar un resultado que ponga en riesgo la actual jerarquía de poder interno o, por el contrario, que lo vea como una oportunidad inmejorable para modernizar y reformar en profundidad el sistema político construido en la Transición. Efectivamente, con Jonás Fernández, el actual modelo organizativo de los partidos políticos es el principal responsable de las disfuncionalidades de nuestra democracia. Y las primarias son una ocasión única para corregirlas. Tan sólo se requiere que los encargados de ordenar el proceso permitan una sana y limpia competencia entre los candidatos.

Lamentablemente, este punto de vista no es compartido por la actual dirección del PSOE en Aragón. Así es, las noticias aparecidas en las últimas fechas en relación al acuerdo alcanzado entre los dirigentes de las tres provincias en orden a celebrar primarias para la elección del candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón en el mes de marzo, es decir, dentro de unas pocas semanas, se vieron confirmadas la semana pasada por la propia Ejecutiva Regional del PSOE. Y, por si no fuera suficiente, no serán abiertas a todos los ciudadanos. Se harán, en definitiva, deprisa y corriendo, y sin abrir la elección a nuestros propios votantes. Justo en la dirección contraria a lo que parece ser el sentir general de la ciudadanía.

Obviamente, la decisión no sólo desprecia el contraste y debate entre los proyectos de partido y de país de cada posible aspirante. Sino que lo pretendido es, directamente, evitar que puedan existir otros candidatos que opten a disputarle a Javier Lambán la candidatura, lo que denota una evidente inseguridad en sus propias posibilidades como eventual vencedor en una elección abierta y competitiva. Lo que, a su vez, nos lleva a otra derivada todavía más preocupante: el candidato socialista que se enfrentará a Luisa Fernanda Rudi no confía en ganar una elecciones primarias en su propio partido.

Comparto las declaraciones realizadas por Felipe González en julio del año pasado con ocasión del fallido proceso de primarias en Andalucía, claro ejemplo de lo que ocurre cuando la dirección de un partido dedica su trabajo a cercenar toda posibilidad de competición entre los posibles aspirantes, y que ahora se repite en Aragón. El Presidente González apostaba por celebrarlas no en julio, sino “en septiembre, con tiempo y con más medios”, porque así “la participación y el contraste hubiera sido más impecable”. Como también comparto la opinión de Jonás Fernández cuando afirma que el problema no son las personas, sino las instituciones; o dicho de otra forma, la regeneración no la va a traer un simple cambio de caras, sino el cambio en la forma de elegirlas.

Tristemente, la actual dirección socialista en Aragón ha vuelto a desperdiciar la oportunidad que suponían las primarias para congraciarse con unos ciudadanos que en los últimos años no se han cansado de pedir más democracia y más transparencia en el funcionamiento interno de los partidos políticos. En su lugar, han preferido seguir  enredados y perdidos entre los intereses personales de quienes ya hace mucho tiempo hicieron del partido y de la política su exclusivo medio de vida, alejando y expulsando de ella a todos aquellos que se acercan a colaborar en la búsqueda de soluciones que logren mejorar la vida de la gente.
Pero tener el poder no significa tener razón. Y no existe razón alguna para celebrar las primarias de forma tan precipitada. Ni podemos considerar siquiera como razones las alegadas por la dirección regional del PSOE, pues ninguna de ellas justifica un calendario excepcional y al margen del proceso general que van a seguir el resto de federaciones socialistas en España, que las celebran en septiembre.

En definitiva, si después de todo lo que ha vivido el país en estos últimos seis años de inmisericorde recesión, los ciudadanos todavía quieren seguir confiando en nosotros, lo menos que podíamos haber hecho es actuar con la honestidad necesaria para no volver a defraudarles. Lamentablemente, no ha sido así.

viernes, 26 de julio de 2013

LA CUESTIÓN CATALANA Y EL FEDERALISMO

          (Artículo publicado en Heraldo de Aragón  el 24 de julio de 2.013)     

                Hace unas semanas presentaba el PSOE su propuesta de reforma territorial del Estado como contrapeso al órdago independentista lanzado meses atrás por CiU.  Por enésima vez en nuestra historia moderna y contemporánea, nos encontraríamos con nuestro mapa territorial sometido a discusión y debate.

                La actual dirección socialista ha tratado de hacer de la necesidad virtud y ha optado por ir a la búsqueda de un discurso que, por un lado, sea asumible por los socialistas catalanes, ocupando un espacio de moderación que resulte equidistante entre los dos extremos en los que se han instalado tanto el independentismo catalán como el rancio nacionalismo español. El PSC sabe que la defensa del independentismo sería muy perjudicial para sus aspiraciones electorales, pero tampoco desconoce que en Cataluña resulta todavía peor aparecer en posiciones próximas al PP, al que su deriva antiestatutaria de los últimos años lo convirtió para el sentir general en un partido próximo al anticatalanismo.

                Por otro lado, el PSOE pretende aparecer ante la ciudadanía como un partido que da respuesta a las demandas de cambio y reformas políticas provenientes del electorado. La reforma del Título VIII de la Constitución le volvería a dar al partido un barniz de frescura y conexión con las inquietudes de la calle.

                ¿Basta la propuesta federalista para conseguirlo? Convendría centrar aun en sus mínimos los términos de la discusión,  en primer lugar, para ahuyentar los miedos de quienes identifican federalismo con una fuente del separatismo y, después, para contrastar si una reforma de este calado es suficiente para dar respuesta a las señales de cambio que llegan de los ciudadanos.

                Nuestro actual sistema autonómico se encuentra muy próximo al Estado federal. El federalismo, como el Estado autonómico, parte de una posición de principio: la soberanía - el derecho a decidir -, es única y reside en el conjunto del pueblo español, alemán, estadounidense,…. Primera conclusión: ningún estado federado, ninguna comunidad autónoma, tiene reconocido el derecho a decidir al margen del resto de ciudadanos del Estado federal. Dentro de esta lógica, tampoco lo tiene ni lo podría tener Cataluña.

                La Constitución reconoce el derecho al autogobierno de los territorios que conforman el Estado, porque parte de la tesis de que la aplicación del principio de subsidiariedad (toda decisión debe tomarse en el nivel administrativo posible más próximo al ciudadano) garantiza una administración más cercana y, en consecuencia, más eficaz en la respuesta a los problemas de la gente  y, también, un mayor respeto a las identidades propias de cada uno de esos territorios.

                La Constitución establece la distribución de competencias entre el Estado central y las autonomías o estados federados, a la vez que, con fundamento en los principios de cooperación y coordinación, trata de resolver aquellas dudas que pudieran plantear algún tipo de roce competencial entre administraciones.

                Existe una anomalía en nuestro sistema político, y es aquella que hace que nuestro Estado Autonómico no pueda ser llamado federal. Se llama Senado. La Constitución lo define como cámara de representación territorial, al modo de los Estados federales, pero a continuación le otorga las funciones propias de una cámara de segunda lectura – donde se ve por segunda vez lo que ya se ha visto y se ha votado en el Congreso -, lo que la hace prácticamente inservible. Esta es la principal  reforma que, con toda la razón, el PSOE ve necesaria. Pero conviene no engañarse sobre los frutos que la misma puede dar desde el punto de vista de la apuesta independentista de CiU. Una reforma que convierta al Senado en cámara de representación territorial, donde se debatan y  voten las leyes cuyo componente fundamental sea de carácter territorial, o que afecte a las competencias de las comunidades autónomas, o a su financiación, no es lo que quiere CiU. Ni tampoco el PNV.

                El federalismo no permite la desigualdad entre los ciudadanos del Estado. El federalismo no es compatible con el concierto económico ni con el pacto fiscal ni, en última instancia, con la bilateralidad. Si lo que perseguimos es simplemente la forma de encajar las dificultades del PSC para encontrar su espacio en lugar de dar solución definitiva a la anomalía que en nuestro sistema político pervive desde sus comienzos, quizá baste con reformar la actual Constitución y estudiar la forma de generalizar la famosa disposición adicional mediante la que se coló en su día el concierto navarro y vasco para hacer lo mismo ahora con Cataluña – y con los que vengan después, lo que sin duda supondría el fin de nuestro actual modelo de convivencia -. Pero si por lo que optamos es por ir al fondo del asunto, la reforma del Senado tiene como fin de trayecto la garantía en la igualdad de derechos y deberes de todos los ciudadanos, lo que implica, fundamentalmente, la igualdad de raíz en el acceso a los servicios públicos por parte de todos ellos.

                ¿Será suficiente esta apuesta reformista para recuperar el favor ciudadano? La reforma constitucional del Senado no  parece encontrarse entre sus prioridades, que ahora mismo pasan por el rechazo de todo aquello que iguala a la política con los privilegios de clase y la corrupción.

                Las reformas que requiere el momento son aquellas que hablan de mejorar el sistema para hacerlo más justo, las que piden transparencia absoluta de la administración y de sus administradores; la lucha efectiva, contundente y creíble contra las prácticas corruptas; las que piden justicia impositiva; las que piden que los poderes de supervisión y vigilancia de la actividad económica controlen de forma efectiva al poder del dinero; o, igualmente, las que abogan por elevar la calidad de nuestra democracia garantizando la igualdad y la libertad en los procesos de elección interna de todos los actores que intervienen en el debate público.


                La transparencia en los asuntos públicos genera ciudadanos críticos y formados, lo que hace a sus sociedades más justas e igualitarias, no hay más que acudir al ejemplo de la socialdemocracia nórdica para comprobarlo. 

martes, 12 de febrero de 2013

ENFERMOS DE RETÓRICA


           (Artículo publicado en Heraldo de Aragón el 11 de febrero de 2.013)

            Ha llamado la atención el artículo publicado en Heraldo de Aragón por la Secretaria de Organización de nuestro partido en Aragón, Eva Sáenz, poniendo en nuestro conocimiento que la dirección regional ha propuesto al PSOE nacional la modificación de la actual ley de partidos para exigir que éstos tengan un funcionamiento  democrático.
               Es, sin duda, un paso en la dirección adecuada. Efectivamente, coincidimos en que puede además suponer un paso sustantivo en la transparencia de los partidos y un eficaz control previo de casos de corrupción.  
                En cualquier caso, y como lamentablemente suele ser habitual, lo importante no son los grandes enunciados, sino su contenido, o incluso su reglamento, acudiendo a la broma tan socorrida del Conde de Romanones.
                Porque bien podría ser ésta una de las causas de la actual desafección ciudadana hacia los dos grandes partidos, donde por un lado va la retórica - lo que queda bien decir, lo que se espera escuchar -, mientras los hechos siguen el camino opuesto.
                La desafección bien puede nacer de la falta de consonancia entre las palabras y los hechos. Y aquí es donde la actual dirección del partido en Aragón puede hacer mucho; puede, nada menos, que predicar con el ejemplo, con sus propios hechos, por seguir con la terminología empleada.
                Y los hechos acaecidos en el último proceso congresual en el que resultó elegido Javier Lambán no son un buen antecedente a estos efectos, ya que la dirección regional no propició hace un año que otros candidatos pudieran optar a la elección interna. Para poder hacerlo, cualquier afiliado debía estar en posesión del 20% de las firmas del Comité Regional, órgano formado por más de 200 representantes de los afiliados. Pero cuando se solicitaba el listado de miembros para poder obtener esas firmas, la respuesta fue que “la ley de protección de datos impedía” facilitarlo. Tal aseveración no encuentra ningún sustento jurídico, ni mucho menos democrático.
                La realidad es que resulta imposible poder recoger las firmas de los miembros del Comité Regional del PSOE en Aragón si no se dispone del listado de miembros de ese órgano. De ahí que la apelación ahora al proceso de elección por primarias genere los mismos sentimientos que entonces, ya que en este caso se requiere el 10% de las firmas de los afiliados.
                Es como ese caso de un socio del Centro Asturiano de Barcelona que quería optar a presidir el centro, pero se le negó el listado de socios con la excusa de que se conculcaría su intimidad… acabó llevando el asunto hasta el Tribunal Supremo, que finalmente afirmó que tal actuación  “suponía negar el derecho a la igualdad de todo candidato a un cargo. Pues de esa forma se impidió al candidato no elegido, la posibilidad de dirigirse a todos los socios – presuntos votantes – exponiendo sus ideas, programa, sobre todo cuando el Presidente elegido tenía acceso a tales datos, ya que se presentaba a la reelección y por razón de ello tenía posibilidad de utilizar la referida lista de socios”.
El Tribunal recordó que la ley permite “a todo candidato obtener la lista del censo electoral, por razones obvias de constituir objeto de propaganda electoral, por ello, cuanto más, es lógico que en el caso actual cualquiera de los candidatos a la referida Presidencia, tuviera acceso a la lista de socios con tal fin”. Y puso término a la cuestión.
                En todo caso, no es este el ámbito de los tribunales, sino de la Política. Y es mediante el debate político honesto como debiera resolverse. Una es pues la pregunta: ¿facilitará la actual dirección del partido los censos de afiliados a todos aquellos militantes que quieran hacer uso de su derecho de participación y optar a alguna candidatura por primarias? ¿Permitirán que los afiliados y votantes escuchen otros discursos, otros proyectos, en definitiva, la opción de un futuro nuevo y distinto?
                Para hacerlo, no hace falta esperar a la modificación de la Ley de Partidos – que el PP no asumirá, aunque esa no sea razón para no proponerlo formalmente -, sino predicar con el ejemplo, por la vía de los hechos. Los ciudadanos quizás empiezan a estar cansados de palabras vacías, y lo que es peor, quizás empiezan a pensar que estamos enfermos de retórica. 

viernes, 26 de octubre de 2012

MÁS Y MEJOR POLÍTICA


            (Artículo publicado en el día de hoy por El Periódico de Aragón)  

Para imponer el interés general sobre los intereses de los poderosos no se precisa de una nueva constitución

  
De un tiempo a esta parte, los ciudadanos han vuelto la mirada sobre la política y, admitámoslo, el veredicto emitido no puede ser peor. Sin embargo, no todo cuestionamiento de nuestro actual sistema político obedece a las mismas causas, ni persigue los mismos objetivos. Unos creen que la política ha sido engullida por la voracidad sin medida de los mercados financieros y especulativos. Como la política se vendió a los mercados, esta política no nos representa, por lo que se debe poner en marcha un nuevo proceso constituyente que haga que la política y el poder que de ella nace vuelvan al pueblo, a la ciudadanía.
Otros mensajes provienen de emisores con unas intenciones bien distintas. En este caso, el objetivo último y no confesado dista mucho del perseguido por los movimientos ciudadanos. Aquí nos encontramos más bien con una vuelta a la superficie de esa corriente conservadora que ya en su día no aceptó el Estado autonómico dibujado en la Constitución de 1978. Habría llegado el momento de acabar con lo que ellos entienden que no es más que un germen de futuros procesos secesionistas, con grave riesgo para la futura unidad de España.
Las mareas de fondo del pensamiento conservador contrarias al estado autonómico --cuasi federal, conviene no olvidarlo-- han encontrado en estos tiempos la excusa apropiada para cuestionar abiertamente el proceso de distribución territorial del poder que ordena la Constitución: su supuesto alto coste. Dejaremos esta impostura para mejor ocasión y, en su lugar, abordaremos ahora a los argumentos de las plataformas ciudadanas. España no necesita ningún nuevo proceso constituyente. La Constitución de 1978 es la historia de un éxito que estuvimos persiguiendo durante casi doscientos años, por lo que sería un error dudar de su fiabilidad y eficacia en la organización de nuestra convivencia.
Para imponer el interés general y el bien común sobre los intereses particulares de los poderosos no se precisa de una nueva constitución, basta con hacer las reformas y actualizaciones en nuestro marco constitucional vigente que garanticen y aseguren la supremacía de la Política sobre cualquier otro poder o grupo de presión. A ello contribuiría de forma relevante una modificación de la Ley de Partidos que obligue a que su funcionamiento interno sea democrático. Porque España necesita más política, pero mejor ejercida.
En los últimos tiempo son comunes los análisis de opinión (José Ignacio Torreblanca, Jesús Lizcano,... ) que abogan por una necesaria reforma de nuestro sistema de partidos,con el objeto de realizar una correcta selección de los cargos públicos, fundada en el mérito y la competencia, alejada por tanto de lo que se ha convertido en el itinerario habitual para los que han acabado haciendo de la política su única profesión: el ascenso interno mediante el encuadramiento acrítico en el aparato del partido,dirigido por los que reparten cargos, prebendas, privilegios y nóminas.
Son estos cargos nombrados desde el interior de los partidos los que luego se enfrentan a circunstancias como las presentes, los que tienen la responsabilidad de solucionar crisis y recesiones como la que sufrimos desde hace ya cinco años. La Constitución de 1978 hizo descansar en un sistema de partidos de pluralismo limitado, y en una estructura interna de cada uno de ellos fuerte y cerrada, la necesaria estabilidad de todo el sistema político. No fue por casualidad, si hay algo que los constituyentes del 77-78 querían evitar a toda costa era la inestabilidad y las tendencias centrífugas que se dieron durante la II República.
También aquí la Constitución nos fue útil. Se construyó un sistema de partidos que ha dado estabilidad política al sistema y, gracias a ella, hemos hecho crecer nuestra economía y construido nuestro estado de bienestar.
La Constitución dio todo el poder a los partidos porque en aquel momento la prioridad era la estabilidad política del país. No fue un error. Pero sí lo sería seguir otros 30 años más sin reforma alguna, porque la grave situación actual también es consecuencia indirecta de aquella decisión.
Los actuales partidos no hemos demostrado nuestra utilidad en momentos como el presente, de ahí que la ciudadanía desconfíe de nosotros, a la vez que denosta lo que entiende como privilegios injustificados: grandes nóminas y condiciones laborales que el resto de trabajadores no alcanzará jamás, y ello sin acreditar capacidad ni especial competencia; procesos de selección arbitrarios; confusión de lo público y lo privado que, en muchos más casos de los que nos parece, acaba terminando en comportamientos motivados por el afán de lucro personal.
Sin embargo, no es este momento de menos política, muy al contrario, es el momento de más y mejor Política. Pero para ello es imprescindible legitimar de nuevo su ejercicio mediante la aplicación de algunas reformas que se alejen de la perniciosa derivapor la que nos habíamos deslizado en los últimos años. La elección de los cuadros y candidatas/os de los partidos políticos mediante elecciones primarias abiertas a la ciudadanía, al modo del Partido Socialista francés, es una de ellas. El proceso de selección así establecido acabaría de golpe con el desmesurado poder que reside en los aparatos de los partidos y en sus cúpulas, poniendo fin a la capacidad de repartir salarios entre los fieles, cuya capacidad y competencia ni siquiera se cuestiona porque "para trabajar ya están los técnicos".
El proceso de selección por primarias abiertas acabaría igualmente con la abusiva permanencia en puestos de responsabilidad y poder interno de gente que hizo en su día del partido su medio de vida e, incluso, de propio enriquecimiento, no sólo suyo, sino de sus próximos.En definitiva, obligaría a los candidatos y dirigentes así elegidos a un esfuerzo continuo de apertura y transparencia.
Claro que hace falta más política, como hacen falta mejores políticos, desinteresados y honestos, para mejor defender el interés general y el bien común, y, por encima de todo, para mejor proteger a quienes sólo cuentan con la Política como garantía de igualdad frente a los poderosos.

viernes, 7 de septiembre de 2012

EL PROYECTO EUROPEO Y EL PSOE


(Artículo publicado en EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, 7/09/12)

Pertenezco a una generación que creció en un país con una conciencia generalizada de falta de desarrollo y atraso respecto a nuestros vecinos europeos.
En 1978 comprobamos que, por fin, llegábamos a una estación término a partir de la cual, ya en la vía correcta, tan sólo quedaba acortar la distancia que doscientos años de liberalismo e industrialización habían provocado. En nuestro caso, por su ausencia.
La entrada en las Comunidades Europeas en el año 1986 vino a consolidar el sistema político establecido en la Constitución y, a partir de ahí, los hechos parecieron confirmar la hipótesis: la democracia y la europeización de España eran la solución al problema de España, tal y como habían aventurado CostaUnamuno u Ortega.
Cada año acortábamos distancias, el diferencial de renta per cápita con respecto a los países más ricos del continente disminuía, nuestras infraestructuras, gracias a nuestros socios europeos y a su ayuda, eran cada vez mejores.
Los que estuvimos convencidos de que, por fin, la Constitución y la democracia de 1978, suponían una verdadera solución de continuidad en nuestra trágica y tortuosa historia contemporánea, comprobamos a día de hoy que la situación que vive el país nos ha dejado aparentemente sin respuestas.
Adelanto, en todo caso, que no voy a aportar ninguna idea novedosa: la solución al problema del atraso secular de España con respecto a nuestros vecinos del norte sigue siendo más europeización, más Europa. Así como la causa de nuestro retraso es la falta de ella durante mucho tiempo, demasiado. Suele decirse que la culpa de todo lo que nos ocurre es de la herencia recibida. Tal cosa no resiste ningún análisis riguroso.
La causa eficiente de la burbuja, y de las consecuencias de su pinchazo, ha sido la marea de dinero barato que ha inundado España desde mediados de la década de los noventa del siglo pasado hasta el año 2008.
Disponer de tipos de interés casi negativos durante más de una década era una experiencia de la que nadie tenía recuerdo. Sencillamente, porque nunca antes había ocurrido algo parecido. El dinero era un bien escaso en un país con pocos recursos, de ahí que hasta hace veinte años a nadie extrañaba que los créditos se concedieran a tipos de dos dígitos ---al 15%, 18%--- . Pero entramos en el euro y pasamos a disfrutar de sus ventajas, entre ellas, intereses al 3% ó 4%.
La consecuencia es conocida: España acumula uno de los mayores índices de deuda privada en relación a su PIB de todo el mundo. Parece obvio que quien se ha dedicado a hacer negocio prestando y moviendo dinero barato han sido las instituciones financieras, y en muchos casos también parece obvio que sus análisis de riesgos no han sido todo lo diligentes y eficientes que la praxis de la profesión requería. Alguna responsabilidad habrá que exigir en este punto.
Al gobierno de Zapatero es al primero que le tocó lidiar con el asunto. De ahí que en mayo de 2010 el Presidente compareciera en el Congreso para anunciar la bajada de un 5% de las nóminas de los funcionarios, la congelación de las pensiones más cuantiosas y la subida de 2 puntos del IVA.
El Partido Popular se opuso, e hizo campaña tratando de ganar apoyos para que el Gobierno perdiera la votación y, acto seguido, convocara elecciones anticipadas. No ocurrió entonces, pero a finales de diciembre de 2011 el Partido Popular accede al gobierno.
No obstante, y como consecuencia de la especial vigilancia a la que nos someten nuestros socios europeos, el presupuesto hay que seguir ajustándolo para poder devolver el dinero que debemos y que deberemos. Como las familias que reducen todo gasto para poder pagar la hipoteca, el Partido Popular se ve ahora obligado a aplicar las medidas de ajuste y recortes de gasto que le exige la UE, como antes lo estuvo el gobierno socialista de Zapatero.
En este contexto, ¿cuál debería ser la posición del Partido Socialista? Lo diré pronto: la contraria a la que tuvo el PP en la oposición. Y ello no por marcar la diferencia, sino por responsabilidad y sentido de Estado. Está en juego nuestro proyecto de país, el proyecto europeo, el proyecto que la izquierda española lidera desdeFelipe González.
No podemos caer en los mismos errores y en el mismo pozo que el Partido Popular. La modernización de España siempre ha sido cosa de la izquierda, y en ese empeño casi siempre ha estado sola. No podemos criticar los recortes cuando fuimos nosotros los primeros que los pusimos en práctica. No podemos pedir al gobierno que rechace el rescate porque, sencillamente, y también lo sabemos como ellos lo supieron en su día, no está en su mano.
Llamamos rescate a aceptar el dinero que nos presta la única institución que todavía se fía un poco de nosotros: la UE. Si no aceptamos ese dinero, no habrá liquidez para pagar servicios, ni nóminas, ni compromisos de gasto. Sin ese dinero no podemos pagar las mensualidades de nuestro estado de bienestar.
Es precisamente en este punto cuando procede afrontar la situación con un gran consenso nacional, a la manera de los Pactos de la Moncloa del año 1977, para respaldar las medidas acordadas con nuestros socios europeos, acordar otras nuevas que puedan ser más eficaces, y llevar a cabo las grandes reformas --todavía no abordadas-- que el país necesita para encarar las próximas décadas: reforma impositiva, reforma política, reforma de la administración.
El tiempo se acaba. Nuestro crédito en la UE se va degradando con rapidez. Si queremos volver a la senda que iniciamos en el año 1978 urge que el país se presente ante el exterior haciendo frente común, fruto de un gran consenso nacional que pivote sobre nuestra firme voluntad de seguir avanzando por la vía correcta: la vía de nuestra europeización, la vía del proyecto europeo, la vía de nuestro proyecto de país.